El presidente de la FAP, Tino de la Torre, ha pedido al Gobierno que modifique la legislación para multar a los que descarguen películas o compren en el “top manta” con multas administrativas, una medida que ya se aplica en Italia y Francia. En la actualidad, la legislación española no condena la descarga de música o películas de Internet.
Representantes de los exhibidores, los distribuidores y los productores del sector audiovisual, junto con la FAP, presentaron hoy esta campaña, de ámbito internacional, como una medida que no puede esperar al Plan Antipiratería aprobado por el Gobierno y que, a su juicio, "adolece de la rapidez" que necesita "el enfermo terminal" en el que se ha convertido el sector.
OPINIÓN:
Si te digo la verdad para nosotros los ciudadanos nos sale mucho mas rentable la descarga de peliculas.
miércoles, 6 de mayo de 2009
Kioto
¿Qué es el protocolo de kioto?
El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático[1] es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 deberá ser del 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.
Estados Unidos
El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático[1] es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 deberá ser del 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.
Estados Unidos
lunes, 4 de mayo de 2009
Derecho a la educación
| Primaria | Secundaria | Terciaria | |
| España | 92,8 | 92,1 | 69,4 |
| Francia | 96,7 | 131,6 | 91,2 |
| Italia | 129,1 | 115,3 | 75,9 |
| Finlandia | 121,1 | 93,4 | 93,6 |
| Reino Unido (*) | 86,6 | 89,0 | 110,2 |
EE UU:
- Reclama el Crédito Hope por gastos calificados durante los primeros dos años de educación superior en una institución elegible, hasta $1,800 por estudiante por año. El límite es de $3,600 para estudiantes que asisten a una institución educativa en un área de desastre de la región central de los EE. UU.
- La Deducción por matrícula y gastos de educación te permite deducir hasta $4,000 de gastos de educación calificados.
- Podrías deducir hasta $2,500 de pagos de intereses sobre un préstamo estudiantil calificado.
MARRUECOS:
Si bien en los últimos años ha habido en Marruecos múltiples reformas, el acceso a los derechos económicos y sociales sigue siendo deficitario. El Estado no invierte de manera adecuada en derechos humanos: cada año, el presupuesto asignado a dos ministerios de seguridad es más de 11 veces mayor que el asignado a los otros 10 ministerios sociales juntos. El derecho al trabajo, a la igualdad de género, a la salud, a la educación, a un ambiente viable, dista de ser realidad para los marroquíes
Derecho a la vivienda
Muchas son las voces solidarias de Vigo que piden con urgencia la puesta en marcha de un albergue municipal en la ciudad, uno definitivo que amplíe y mejore la asistencia que actualmente se ofrece en el hogar provisional de la Escuela de Hostelería. Los datos de la campaña realizada por las patrullas de la Policía Local durante el mes de marzo reflejan no obstante una realidad diferente, ya que la mayoría de los identificados rechazaron cualquier tipo de ayuda o asistencia para mejorar su tipo de vida. Según fuentes policiales, de las 81 personas identificadas en las calles de la ciudad, sólo cuatro pernoctaban habitualmente en el albergue, mientras que otros dos aceptaron trasladarse a este lugar. El resto, un 92%, es decir, 75 no desearon ayudas. ‘Muchos de ellos pernoctan en inmuebles abandonados y en un caso, incluso, en el interior de un tubo de hormigón de obra ubicado en la calle Areal’, afirma el informe. Otra de las conclusiones de la campaña es que sólo el 20% manifestó cobrar ayudas sociales, entre 300 y 400 euros mensuales, mientras que el resto, 65 aseguran no contar con ingreso alguno. La Policía Local detectó asimismo que un porcentaje importante de personas identificadas padecen adicciones a distintas drogas o alcohol. Sus edades son variables, aunque mayoritariamente se sitúan entre los treinta y sesenta años, mientras que no se detectó la presencia en la calle de ningún menor. Las mismas fuentes indicaron que el ámbito de esta campaña, que hacía años que no se ponía en marcha, se prolongó a lo largo y ancho de toda la ciudad, siendo la finalidad principal a nivel policial, la humanitaria, ‘ya que en numerosas ocasiones se debe intervenir con estas personas cuando se encuentran desorientadas o inconscietes en la vía pública, siendo muy útil en estos momentos conocer sus datos personales y su situación concreta’
En algunos casos se trata de familias, grupos de personas o individuos que buscan un lugar donde poder vivir y no pueden o no quieren pagar un alquiler ni una hipoteca. Se trata de un movimiento social que reivindica el derecho a una vivienda, aun a costa de los bienes de otras personas. Generalmente los partidarios de la okupación suelen justificar esto argumentando que los inmu
ebles okupados están abandonados o son usados únicamente para especular.[2] Por otra parte, la presión[3] ejercida por las autoridades hace que al poblamiento okupa le sea inherente cierta precariedad,[4] que a su vez dinamiza el movimiento e intensifica sus acciones de protesta.
Derecho al empleo
Número de parados en España en la actualidad: 3.200.000
Cobertura social al desempleado:
El paro subió en 802.800 personas en el primer trimestre del año, el 25% en relación al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 4.010.700 y la tasa de paro repuntó casi 3,5 puntos, hasta el 17,36%, alcanzando su valor más alto en 11 años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
-Salario justo:
Opinión persona:yo pienso que habría que escoger a los mejores aunque sean mujeres ya que pueden ser mas rentables.
Cobertura social al desempleado:
4.010.700 desempleados sitúan la tasa de paro en su valor más alto en 11 años
El paro subió en 802.800 personas en el primer trimestre del año, el 25% en relación al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 4.010.700 y la tasa de paro repuntó casi 3,5 puntos, hasta el 17,36%, alcanzando su valor más alto en 11 años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
-Salario justo:
Dos días de paro total en el astillero de La Naval, de Sestao (Vizcaya), han bastado para que sus empresas auxiliares y los trabajadores subcontratados cierren su particular conflicto laboral con un acuerdo que, en la práctica, supone una barrera infranqueable a la contratación de extranjeros en sus países.
La polémica estalló el pasado viernes, cuando centenares de trabajadores subcontratados se plantaron a las puertas de la naviera, privatizada en 2006, para impedir su actividad. La bandera agitada era contra la contratación de extranjeros en sus países de origen con sueldos inferiores (7 euros por hora) a lo que marca el convenio: alrededor de 14. Los sindicatos exigían que se igualaran las nóminas.
La Naval amaneció de nuevo ayer sin actividad, a la espera de que las reuniones previstas entre las partes enfrentadas desembocaran en una entente. Y esta llegó, pero con extras. Aparte de la equiparación según convenio de las nóminas del personal subcontratado en otros países, el acuerdo estipula que, a partir de ahora, las empresas auxiliares de La Naval deberán realizar cualquier nueva contratación "en destino", es decir, en España.Opinión persona:yo pienso que habría que escoger a los mejores aunque sean mujeres ya que pueden ser mas rentables.
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